El Partido Popular, tanto en la Comarca de Sobrarbe como en las Cortes de Aragón, ha acusado al PSOE de “sembrar un alarmismo injustificado” en relación a la residencia comarcal de la tercera edad. En ese sentido, los populares reiteran el compromiso de abonar las cuantías relativas a las plazas concertadas que, según señalan, “ya fue comunicado en su día a todas las partes implicadas, incluido el gobierno comarcal”.
El portavoz popular en la Comarca de Sobrarbe, Ramiro Revestido, insiste en que fueron el PSOE y CHA quienes adoptaron la decisión de convertir las plazas concertadas en libres. Revestido afirma que “el PSOE no puede culpar al Gobierno de Aragón de una decisión que tomó unilateralmente” y recuerda que la Comarca cerró el ejercicio pasado con 2’5 millones de euros de superávit, por lo que, según apunta, “la única explicación posible es que el PSOE comarcal esté utilizando la residencia con fines partidistas”.
Según los populares, los supuestos impagos que el PSOE comarcal atribuye al Gobierno de Aragón tienen su base en la ausencia de un modelo jurídico, “una situación que el anterior gobierno socialista dejó sin resolver”, según afirman. Desde el PP justifican que los pagos se atrasan por motivos técnicos derivados de la carencia de ese marco jurídico.
Revestido asegura que, a pesar de ese compromiso del gobierno autonómico de continuar con los pagos, PSOE y CHA acordaron en el último pleno que las plazas concertadas se convertirían en libres a partir del 1 de julio. Además, afirma que “fue una decisión que ignoraba deliberadamente la voluntad del gobierno aragonés, y su único propósito es provocar el enfrentamiento institucional”.
En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada Carmen Susín, que acusa al PSOE de “jugar a la política del miedo” y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los usuarios de la residencia de Aínsa.
La Comarca de Sobrarbe justificó la supresión de estas plazas por los continuos retrasos en los pagos de estas plazas por parte de la administración regional. Desde la Comarca aseguraron que no pueden continuar reservándolas ni asumiendo su coste por motivos tanto legales como económicos.
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